Por Joanna Gardner
Para Claudia Piña y su esposo Rafael Trinidad, el anuncio del Presidente Obama el 20 de noviembre de una acción ejecutiva que extiende alivio de deportación a millones de inmigrantes indocumentados fue motivo de celebración y de tristeza a la vez.
Mientras que Piña y su esposo califican para la ayuda bajo la acción — el menor de sus cuatro hijos, nació en los Estados Unidos y es ciudadano americano – el primo de Rafael y su esposa, padres de dos niños que trajeron con ellos a los Estados Unidos, no califican.
“Tanto como a nosotros nos beneficia, también tenemos parte de nuestra familia que no les beneficia a ellos. Por una parte nosotros nos sentimos tristes porque que bonito sería si todo el mundo calificara,” dijo Piña.
El paquete de acciones administrativas incluye cambio de prioridades en las que el gobierno centrará la deportación, empezando principalmente con los criminales peligrosos y los recién llegados a la frontera.
Las órdenes de Obama se expandirán básicamente sobre el programa de hace dos años conocido como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia o DACA. A través del cual, más de medio millón de jóvenes adultos y adolescentes que llegaron a Estados Unidos como menores de edad, se les ha prometido que no serán deportados si se mantienen fuera de problemas.
El nuevo programa ofrecería el mismo trato a los padres de ciudadanos estadounidenses o que tienen tarjeta de residencia y que han vivido aquí por lo menos cinco años, posiblemente un grupo de más de 4 millones de personas, según la Casa Blanca.
Mayra Trinidad, la hija mayor de piña, nació en México y llegó con sus padres a Estados Unidos cuando tenía 3 años. Ella ahora tiene 21 años y califica para DACA, decreto ejecutivo de Obama en el 2012.
Bajo esa orden ella ha podido continuar su educación y está matriculada en la Escuela de Administración Harris, estudiando para asistente del Cuidado de la Salud. Ella dijo que la nueva política que cubre a sus padres es un alivio.
“No vamos a tener ese miedo de que un día nos vamos a despertar y no los veremos más,” Trinidad dijo esto por ella y sus tres hermanos menores.
“En nuestra zona inmediata ciertamente vamos a tener un número significativo de personas que son elegibles para este programa”, dijo Jeffrey DeCristofaro, director ejecutivo del Centro de Camden para la Ley y la Justicia Social, un centro legal de interés público basado en la fe que ayuda a los inmigrantes y víctimas de violencia doméstica.
El nuevo programa, conocido como DAPA, Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres, no se espera que esté disponible hasta la próxima primavera, aunque la extensión a DACA probablemente entrará en vigor más pronto. Entretanto, la mayor preocupación del Centro de Camden para la Ley y la Justicia Social y otras organizaciones similares es la educación.
“Nuestra misión más importante ahora es proporcionar la información adecuada a las personas, porque hay muchos estafadores por ahí,” dijo DeCristofaro.
“A raíz de estos anuncios, personas que no son abogados a menudo se ofrecen para llenar formularios para sacar dinero. La gente debe saber que las formas no están disponibles todavía y que la nueva política no es un camino a la ciudadanía o una tarjeta de residencia. No se debe pagar a nadie, excepto a un abogado o una agencia de la Junta de Apelaciones de Inmigración acreditada para asistencia con las formas de petición,” dijo DeCristofaro.
Además, hacer una petición para DAPA con antecedentes penales puede ponerlos en riesgo de deportación.
El centro legal estará preparando recursos y talleres para ayudar a educar a la comunidad. También se están preparando para recibir llamadas telefónicas y correos electrónicos con información general sobre el programa y quien es elegible.
“La idea detrás del nuevo programa es que va a sacar gente de las sombras, personas que ya están viviendo y trabajando en nuestras comunidades,” dijo Kaitlyn Muller, directora del programa de Refugiados e Inmigración de Caridades Católicas.
“Es una extensión de lo que ya están haciendo los tribunales. Seguirá el enfoque de la administración en perseguir a los criminales, en lugar de miembros respetables de la comunidad y mantener a las familias juntas. Eso permite vidas más estables en la comunidad,” dijo Muller.
Andrés Arango es el delegado del Obispo para el Ministerio Hispano en la Diócesis de Camden. Dijo que la preocupación principal de su oficina por ahora también es la educación, asociándose con organizaciones que provean ayuda, como el Centro de Camden para la Ley y la Justicia Social, y poner información a disposición de las parroquias.
“La posición de la iglesia es la de no más separación de las familias y un camino a la ciudadanía”, dijo Arango. “Tenemos que celebrar este paso porque es uno grande para parar por un tiempo la separación de las familias. Es positivo, pero aún no es un camino a la ciudadanía. Tenemos que seguir trabajando porque realmente necesitamos una reforma migratoria comprensiva, algo que sea permanente.”
Claudia Piña y su familia son feligreses de San José Pro-Catedral en Camden, asisten regularmente a una iglesia llena para la Misa de las 11a.m. en español. El domingo pasado se unieron a un grupo de feligreses después de misa para informarles sobre cómo la acción podría afectarlos a ellos y a sus familias.
Luis Enrique Olarte, otro feligrés, escuchó atentamente como la hermana Verónica Roche, asociada pastoral en San José, explicó la nueva política.
Olarte es el padre de dos hijos, uno nacido en los Estados Unidos. Él y su esposa ahora califican bajo DAPA para acción diferida en deportación. Dijo que ha tenido miedo de ser deportado y separado de su familia desde su llegada a Estados Unidos en 1999.
“Es una luz después de tanta oscuridad,” dijo Olarte acerca de la nueva acción. “Es el principio de algo muy bueno que viene para todos.”
Si usted o su familia tienen preguntas acerca de la nueva política y su elegibilidad, comuníquese con el Centro de Camden para la Ley y la Justicia Social, 856-583-2950, o por correo electrónico info@ccsj.iorg.
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