Por Barbara J. Fraser
Catholic News Service
LIMA, Perú — El camino rocoso hasta la débil casa de Milagros Echevarría está bordeado con barriles plásticos. Varias veces cada semana, cuando un camión tanque azul brillante ruge subiendo la colina para llenar los barriles, ella y sus vecinos tienen que cargar cubos de agua subiendo el inclinado ascenso hasta sus casas.
Echevarría ha trabajado desde que tenía 13 años de edad, mayormente limpiando las casas de otras personas. Ella terminó la escuela secundaria y tenía esperanzas de estudiar contabilidad, pero el nacimiento de su hija, Lucero, puso en pausa sus planes.
Ahora con 25 años de edad, ella gana justo más de $200 mensuales limpiando oficinas gubernamentales durante la noche, regresando por las mañanas al polvoriento vecindario en el borde de Lima, donde nadie tiene conexión de agua y muchos carecen de electricidad. Aunque la economía de Perú ha crecido más de un 5 por ciento anualmente durante la mayor parte de esta década, Echevarría siente que la bonanza le ha pasado por el lado.
Aunque la inmigración, el crimen organizado y las protestas en contra de inmensos proyectos de desarrollo agarran los titulares en toda América Latina según comienza el 2012, poco progreso se hará a menos que la pobreza y desigualdad subyacentes sean atendidas, dijo el arzobispo peruano Pedro Barreto Jimeno, quien dirige la comisión de justicia social de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, o CELAM.
Aunque los índices de pobreza en América Latina han descendido lentamente durante años recientes, los países ricos en recursos naturales tienen que asegurar que los beneficios económicos de las industrias como la minería, el petróleo y el gas lleguen a gente como Echevarría, quien todavía carece de los servicios básicos, dijo el arzobispo Barreto a Catholic News Service.
“La iglesia continúa criticando el sistema económico predominante”, dijo el arzobispo Barreto, señalando que durante la Quinta Conferencia General de Obispos de América Latina y el Caribe, realizada en Brasil en el 2007, los prelados de la región hicieron un llamado a un nuevo modelo económico basado en la doctrina social de la iglesia. Tal modelo incluiría más diálogo entre los líderes gubernamentales, los ejecutivos de la industria y las comunidades acerca de los grandes proyectos de desarrollo, tales como minas, perforación petrolífera, represas y carreteras que desplazarían los residentes locales o tendrían un impacto significativo en el ambiente, dijo el arzobispo Barreto.
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